La guerra vuelve al país: Carro bomba deja una mujer muerta y varios policías heridos, Farc estarían tras atentado

Una fuerte explosión interrumpió la madrugada del martes 8 de julio en el corregimiento El Estrecho, municipio de El Patía, al sur del Cauca. Un carro bomba fue detonado frente a la subestación de Policía ubicada sobre la vía Panamericana, dejando como saldo una mujer muerta y tres policías heridos. La víctima, una civil que transitaba por la zona, aún no ha sido identificada. Los uniformados fueron trasladados en helicóptero a centros médicos en Popayán, donde permanecen bajo observación.

Las autoridades atribuyen el atentado al frente Andrés Patiño, una estructura de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. Según fuentes oficiales, el ataque sería una retaliación directa a la reciente militarización del Macizo Colombiano, ordenada por el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, como respuesta al creciente control territorial de grupos armados ilegales en la región. El mandatario había denunciado amenazas en su contra días antes del atentado, presuntamente provenientes de esta misma estructura disidente.

La explosión causó graves daños materiales en viviendas cercanas y obligó al cierre temporal de la vía Panamericana, una arteria clave que conecta Popayán con Pasto. Tropas del Ejército y unidades antiexplosivos de la Policía Nacional aseguraron la zona para descartar la presencia de otros artefactos y recolectar material probatorio. El hecho se suma a una serie de ataques recientes en el sur del Cauca, donde también se reportó un hostigamiento armado contra la estación de Policía del municipio de Silvia horas antes.

Este nuevo episodio de violencia evidencia el recrudecimiento del conflicto armado en el suroccidente colombiano. El Cauca, históricamente golpeado por la guerra, sigue siendo epicentro de disputas entre disidencias de las Farc, el ELN y bandas narcotraficantes. Mientras tanto, la comunidad civil permanece atrapada entre el miedo, la incertidumbre y la urgencia de una respuesta estatal que garantice su seguridad y dignidad.