Lo que comenzó como un viaje de esperanza terminó en una pesadilla médica y legal para Alex Valencia, un joven colombiano de 23 años que fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Alaska. Tras un altercado doméstico con las personas con quienes vivía, fue trasladado al Centro de Reclusión de Fairbanks, donde, según denuncias de su familia, contrajo una infección bacteriana grave debido a condiciones insalubres y falta de atención médica. Al despertar de un coma inducido, Alex descubrió que le habían amputado un brazo, un pie y un dedo de la mano derecha.
Durante su detención, Valencia pidió reiteradamente ser llevado al hospital por síntomas como mareos y disociación, pero sus solicitudes fueron ignoradas hasta que colapsó en su celda. En entrevista, relató que solo pudo bañarse una vez en todo el tiempo que estuvo recluido y que recibía sobras de comida en un entorno sin agua potable ni higiene básica. La bacteria necrosante que lo infectó avanzó rápidamente, provocando fallo multiorgánico, neumonía severa y un coma de casi dos meses.
Su madre, Sandra Isabel Valencia, denunció que ICE negó el acceso a medicamentos y visitas, incluso cuando una amiga intentó entregarle ayuda. La visa humanitaria que solicitó para acompañar a su hijo fue rechazada sin explicación, mientras Alex permanece hospitalizado en estado crítico. “Si lo hubieran llevado al hospital cuando empezó a sentirse mal, esto no estaría pasando”, afirmó con dolor. La familia exige apoyo del Gobierno colombiano y una investigación internacional que esclarezca lo ocurrido.
El caso de Alex ha reavivado el debate sobre las condiciones en los centros de detención migratoria en Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos han documentado múltiples denuncias de negligencia médica, insalubridad y maltrato psicológico en instalaciones gestionadas por ICE. Hoy, Alex lucha por sobrevivir y sueña con recibir prótesis que le permitan recuperar parte de su movilidad. Su historia es un llamado urgente a la rendición de cuentas y a la protección de los derechos de los migrantes.