Más de dos décadas después de uno de los episodios más atroces del conflicto armado colombiano, la justicia ordinaria emitió una nueva condena contra Iván Luciano Márquez Marín, alias “Iván Márquez”, exjefe guerrillero de las extintas FARC y actual líder de la disidencia Segunda Marquetalia. El Juzgado Penal del Circuito de Apartadó (Antioquia) lo sentenció a 44 años de prisión por su responsabilidad como determinador en el asesinato del sargento viceprimero Héctor Lucuara Segura, ocurrido el 5 de mayo de 2003 durante un fallido operativo de rescate militar en las selvas de Urrao.
La Fiscalía General de la Nación demostró que Márquez, en su rol como miembro del Secretariado de las FARC, impartió la orden de ejecutar a los secuestrados si se presentaba una intervención militar. Esta directriz fue cumplida por guerrilleros del Bloque Noroccidental, quienes asesinaron, no solo al sargento Lucuara, sino también al entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, su asesor de paz Gilberto Echeverry Mejía y varios uniformados que permanecían en cautiverio desde 1998. El fallo, emitido en calidad de persona ausente, calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad, lo que implica que no prescriben y pueden ser perseguidos en cualquier momento.
Esta condena se suma a otra dictada en junio de 2025, cuando Márquez fue sentenciado a 40 años de prisión por el secuestro y asesinato del subteniente Wargner Harbey Tapias Torres, también asesinado durante el mismo operativo en Urrao. En total, el excomandante acumula más de cuatro siglos de condenas por delitos como terrorismo, homicidio, secuestro, extorsión y narcotráfico. Su negativa a someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su retorno a la lucha armada como líder de la Segunda Marquetalia han reforzado su perfil como uno de los actores más controvertidos del postconflicto colombiano.
Aunque su paradero actual es incierto, se presume que Márquez permanece oculto en territorio venezolano, desde donde seguiría impartiendo órdenes a estructuras armadas disidentes. La justicia colombiana ha reiterado que su captura sigue siendo una prioridad, y que estos fallos representan avances significativos en la reparación de las víctimas y el fortalecimiento del aparato judicial frente a crímenes atroces cometidos fuera del marco de justicia transicional.