La política colombiana se sacude con un escándalo de proporciones mayores: la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación criminal contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, acusado de conspirar para desestabilizar al Gobierno del presidente Gustavo Petro. La bomba estalló tras dos denuncias presentadas por el exalcalde Daniel Quintero y el propio mandatario, quienes señalan a Leyva de haber tejido un supuesto plan con estructuras criminales como el ELN y el Clan del Golfo.
La denuncia de Petro, radicada el pasado 2 de julio por su abogado Alejandro Carranza, incluye cartas en las que Leyva acusa al presidente de tener problemas de drogadicción, además de audios en los que se habla de un “gran acuerdo nacional” para sacarlo del poder. En uno de los fragmentos más polémicos, Leyva habría dicho: “Hay que sacar a ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones… el orden público se desbordó. Eso no puede suceder sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar el ELN, los del Clan del Golfo”.
Carranza calificó los hechos como una “conspiración blanda”, una estrategia que, según él, usa el discurso político para legitimar escenarios de ruptura institucional. La Fiscalía, por su parte, asignó el caso a un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien deberá determinar si Leyva utilizó información privilegiada de su cargo para articular una ofensiva contra el Ejecutivo.
Mientras el país espera respuestas, el caso ya genera tensión en los círculos políticos y judiciales. ¿Fue una simple crítica política o el inicio de un golpe encubierto? La justicia tendrá que desenredar este nudo que amenaza con convertirse en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país.