Una grave denuncia sobre el trato inapropiado a un joven de 24 años con síndrome de Down encendió las alarmas de la Corte Constitucional, que ordenó medidas urgentes para proteger su salud y bienestar. El joven fue encontrado por su madre en condiciones inhumanas: atado con trapos a una silla, sucio, mojado y con las manos hinchadas.
La mujer, desesperada, recurrió a la justicia buscando una atención digna para su hijo, quien estaba internado sin información clara sobre su tratamiento. Aunque la Corte no halló fallas en la respuesta de las autoridades frente al derecho de petición, sí concluyó que se vulneraron los derechos a la salud y al consentimiento informado.
Ni el paciente ni su madre fueron informados adecuadamente sobre lo que estaba pasando, lo que rompió uno de los principios clave en cualquier proceso médico. La falta de comunicación y el uso de sujeción mecánica sin una justificación adecuada fueron puntos críticos en el fallo.