La noche del jueves 17 de julio, nueve contratistas de la Gobernación del Cauca fueron secuestrados por estructuras disidentes de las antiguas Farc en la zona rural de López de Micay, una región estratégica del Macizo Colombiano. Según reportes oficiales, los trabajadores fueron interceptados mientras instalaban equipos tecnológicos en una base militar, presuntamente destinados a interferir señales de comunicación y operaciones aéreas no tripuladas.
Los responsables serían los frentes Carlos Patiño y Rafael Aguilera, facciones del Estado Mayor Central que ejercen control territorial en municipios como Argelia, El Tambo y López de Micay. En un comunicado, las disidencias reconocieron la retención, identificando a los secuestrados como:
Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona,Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López,y Elizabeth Yangana.
Las autoridades aseguran que los contratistas cumplían labores civiles. No obstante, según versiones preliminares, portaban dispositivos con capacidad para interferir redes de telefonía celular, wifi y drones, lo que habría motivado la reacción armada.
Este nuevo episodio revive los fantasmas del conflicto armado de los años 90, cuando el secuestro, la intimidación y el control territorial eran moneda corriente. En lo que va de 2025, más de 950.000 personas han sido afectadas por enfrentamientos, desplazamientos y confinamientos en Colombia. El Cauca, epicentro de esta escalada, ha visto cómo las disidencias se fortalecen, expanden y disputan zonas clave como el Cañón del Micay y el Macizo Colombiano.
Mientras el Gobierno insiste en la narrativa de la “Paz Total”, los hechos en terreno muestran una realidad paralela: minas antipersonales incautadas, enfrentamientos entre grupos armados, amenazas a líderes sociales y comunidades confinadas. La Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas tempranas por el riesgo de escalamiento del conflicto en municipios como Patía y El Tambo, y organizaciones sociales denuncian la ausencia de programas estatales en zonas donde solo llegan los fusiles.
La retención de los nueve contratistas no es un hecho aislado: es síntoma de una guerra que se reactiva, de una institucionalidad que no logra proteger a sus funcionarios, y de una política de paz que, en algunos territorios, parece más promesa que realidad.