En medio del ambiente polarizado del país, el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha vuelto a encender el debate nacional. Para muchos, este proceso judicial no se sostiene por pruebas sólidas, sino por una presión política que busca silenciar a una figura clave en la historia reciente de Colombia.
La lectura del fallo de primera instancia, ocurrida el pasado 28 de julio, ha generado reacciones divididas y voces que cuestionan la imparcialidad del proceso. Quienes defienden al exmandatario insisten en que no hay pruebas directas que lo vinculen con delitos como soborno a testigos, y aseguran que lo que hay detrás del caso es una estrategia política para debilitar su legado.
Incluso juristas han alzado la voz alertando sobre presuntas irregularidades en la investigación y la forma en que se han usado algunos testimonios. Mientras tanto, el Gobierno ha optado por mantener distancia, aunque para muchos, este proceso se ha convertido en un símbolo dentro de la lucha política del país.