La Diócesis de Apartadó anunció la suspensión preventiva del sacerdote Otoniel de Jesús Largo Marín, tras conocerse que enfrenta una investigación penal por presunto abuso s3xual contra una menor de edad, sobrina suya, de apenas 11 años. El religioso se encuentra actualmente detenido mientras avanza el proceso judicial en su contra, en medio del silencio que por años ha caracterizado este tipo de denuncias en la Iglesia católica.
El obispo Carlos Alberto Correa Martínez informó que la medida fue tomada “ad cautelam” mientras se activa el protocolo interno y se adelanta una investigación canónica, aclarando que la institución no interferirá en el proceso de la Fiscalía. Sin embargo, la respuesta institucional llega en medio de una marea de cuestionamientos sobre la cultura de encubrimiento que ha protegido a clérigos señalados por delitos similares.
En 2023, una investigación publicada por Casa Macondo expuso un archivo secreto que documenta 585 sacerdotes denunciados por abusos s3xuales en Colombia y otros países donde fueron trasladados, el 94 % de ellos en las últimas dos décadas. Estas cifras no solo estremecen, sino que desnudan la sistematicidad de un patrón que parece enraizado en los muros eclesiásticos.
Mientras la justicia ordinaria avanza, la ciudadanía exige una revisión profunda de los mecanismos con los que la Iglesia gestiona estos casos. Porque no basta con suspender a un sacerdote; la pregunta que sigue resonando es: ¿Quién responde por los años de impunidad y por las instituciones que fallaron en proteger a las víctimas?.