Las autoridades han acelerado el proceso de extradición de Wilmar Antonio Ríos, alias ‘Pipe Tuluá’, un poderoso narcotraficante cuya influencia en el Valle del Cauca ha desatado una serie de disturbios. Su participación como mediador en el secuestro del niño Lyan Hortúa fue el detonante que expuso sus conexiones dentro del bajo mundo criminal. Ahora, será enviado a Estados Unidos para responder por delitos de narcotráfico y conspiración.
Ríos no solo habría facilitado comunicaciones entre los captores y la familia del menor, sino que también está señalado por formar ‘La Gran Alianza’, un nuevo grupo criminal que busca reorganizar el control del tráfico de drogas en la región. A esto se suma un intento de fuga frustrado: su organización, ‘La Inmaculada’, recaudó 800 millones de pesos para sobornos y logística que le permitirían salir de la cárcel La Picota, lo que terminó acelerando su traslado a una estación policial antes de su extradición.
El impacto de su captura y próximo envío a EE. UU. se ha sentido en las calles de Tuluá, donde seguidores de su red criminal protagonizaron disturbios, quemando vehículos y obligando a las autoridades a decretar toque de queda. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó los desmanes a ‘La Inmaculada’ y confirmó la detención de al menos una persona vinculada con los hechos violentos.
Mientras los últimos trámites de su extradición avanzan, el nombre de ‘Pipe Tuluá’ queda marcado como uno de los más poderosos y peligrosos intermediarios del narcotráfico en Colombia. Su caída no solo afecta sus operaciones, sino que también desnuda las profundas conexiones entre los carteles del Valle y sus nexos internacionales, un golpe que sacude las estructuras criminales y reconfigura el mapa del poder en la región.