La contienda política en Colombia sube de tono tras el anuncio del Centro Democrático de interponer una denuncia penal contra la candidata presidencial Claudia López, por presunta injuria y calumnia. El detonante fue una entrevista en La FM, donde López vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo, asegurando que su llegada al poder en 2002 habría contado con el respaldo de grupos ilegales. Las declaraciones encendieron la polémica y provocaron una reacción inmediata del partido uribista.
Gabriel Vallejo Chujfi, presidente del Centro Democrático, calificó las afirmaciones como “delitos cometidos al aire” y aseguró que no existe prueba alguna que vincule directamente a Uribe con estructuras paramilitares. “Lo que uno nota es un desespero político”, afirmó Vallejo, quien también recordó que durante el gobierno de Uribe se desmovilizaron más de 35.000 paramilitares y se extraditaron cabecillas criminales. La denuncia busca que López responda judicialmente por lo que el partido considera un ataque personal y político.
La controversia se intensificó cuando López mencionó casos judiciales de personas cercanas a Uribe, como Jorge Noguera, exdirector del DAS, condenado por vínculos con paramilitares. A partir de estos antecedentes, la candidata concluyó que hubo apoyo ilegal a la campaña presidencial de 2002. El equipo de La FM, en cumplimiento del equilibrio informativo, abrió espacio para que el Centro Democrático expusiera su versión, mientras la periodista Darcy Quinn interpelaba a López sobre sus afirmaciones.
Este nuevo enfrentamiento revive tensiones históricas entre López y Uribe, y pone en el centro del debate la delgada línea entre libertad de expresión y responsabilidad judicial. Mientras el Centro Democrático insiste en que no hay pruebas que sustenten las acusaciones, López sostiene que sí existen evidencias de manipulación de testigos y alianzas oscuras. La denuncia penal ya fue radicada, y el país se prepara para otro capítulo judicial que podría marcar la campaña presidencial de 2026.