La reciente captura de Walter Esteban Yonda Ipía, alias Sebastián, y Carlos Steven Obando, alias El Mono, ha generado un fuerte debate en el país. Ambos son señalados de haber participado en el atentado con cilindros bomba cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, donde trasladaron más de 300 kilos de explosivos en dos camiones. La Fiscalía les imputó cargos por homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas y explosivos.
El hecho ocurrió en medio de la estrategia de “paz total” del Gobierno, lo que abrió un interrogante clave: ¿estos hombres podrían acceder a beneficios judiciales bajo esa política? La respuesta, según exfuncionarios de la Fiscalía, es un rotundo no. Tanto Julián Quintana, exdirector del CTI, como el exfiscal general Guillermo Mendoza, coinciden en que los delitos imputados no son políticos sino crímenes de guerra, por lo que deben ser procesados en la justicia ordinaria.
Aunque el Ejecutivo avanza en diálogos con varios grupos armados y en la discusión de una ley de sometimiento en el Congreso, el caso de alias Sebastián y alias El Mono marca un límite en el alcance de esa política. Expertos advierten que actos de terrorismo como este no pueden ser amparados por normas de justicia transicional, lo que deja a los capturados frente a un proceso penal común que podría derivar en altas condenas.