El polémico traslado de influencers en una aeronave de la Policía Nacional para asistir al cabildo abierto de Gustavo Petro el pasado 20 de marzo ha generado repercusiones. En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación anunció una investigación previa para determinar si hubo irregularidades en el uso de aviones oficiales y establecer responsabilidades.
Funcionarios del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional están bajo la lupa, mientras la Sala de Instrucción Disciplinaria analiza pruebas para verificar si la acción se realizó bajo convenios interadministrativos o si se vulneraron normas.
El escándalo ha encendido el debate sobre el manejo de recursos públicos, mientras el Gobierno y Gustavo Petro enfrentan nuevas críticas por la transparencia en el uso de bienes estatales utilizados presuntamente para beneficio del jefe de Estado.