Las intensas lluvias que azotan el occidente de Venezuela han dejado una estela de destrucción en los estados andinos de Mérida, Táchira y Trujillo, así como en zonas de Barinas y Portuguesa. El desbordamiento del río Chama y otros afluentes ha provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y la pérdida total de viviendas, dejando a más de 24.000 familias afectadas y al menos dos personas fallecidas. En Mérida, uno de los estados más golpeados, se reportan más de 370 casas dañadas, 103 de ellas completamente destruidas.
En pueblos como Apartaderos y Escagüey, los habitantes han tenido que huir a zonas altas o refugiarse en centros improvisados. “Nunca pensé que el río iba a crecer tanto”, relató Arelis Villareal, madre de cuatro hijos, quien perdió su casa y ahora vive en un refugio. Las imágenes aéreas muestran comunidades enteras cubiertas por lodo y escombros, mientras maquinaria pesada intenta abrir caminos alternos ante la destrucción de puentes y carreteras.
El gobierno venezolano activó el plan especial “Andes 2025”, que moviliza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Protección Civil y ministerios para atender la emergencia. Nicolás Maduro declaró el estado de emergencia y anunció obras estructurales para mitigar futuras inundaciones, incluyendo dragado de ríos y reubicación de poblados vulnerables. Sin embargo, la respuesta ha sido criticada por su lentitud, y muchas comunidades siguen incomunicadas y sin acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad.
La solidaridad ciudadana ha sido clave. Voluntarios en motos y camionetas 4×4 han recorrido horas para llevar alimentos, medicinas y ropa a los damnificados. Desde Colombia, también se han activado redes de ayuda, como la liderada por Yolanda Herrera en Bucaramanga, que organiza una caravana humanitaria para el 10 de julio. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal Venezolana ha hecho un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional, recordando que “la respuesta más humana en estos momentos es la compasión activa».