En un giro inesperado, el expresidente Donald Trump reconoció que los trabajadores migrantes que su administración expulsó son “difíciles de reemplazar”, especialmente en sectores como la agricultura, hotelería y ocio. “La gente que vive en las ciudades no hace ese trabajo. Lo hemos intentado. No lo hacen. Estas personas lo hacen de forma natural”, declaró en entrevista, en medio de una crisis laboral que ya dejó 1,7 millones de empleos perdidos entre marzo y julio.
Aunque insiste en que su prioridad es “sacar criminales”, Trump admitió que está trabajando con agricultores para evitar que las deportaciones masivas afecten la producción. El informe de empleo de julio, que mostró una creación neta de apenas 73.000 puestos, encendió las alarmas en Washington y obligó al mandatario a considerar nuevas “reglas y regulaciones” para permitir el retorno legal de ciertos migrantes. “Los enviamos de vuelta, estudian, aprenden y regresan legalmente”, afirmó.
Este reconocimiento ha generado una tormenta política: ¿Está Trump reculando en su discurso antiinmigrante por presión económica? ¿O se trata de una estrategia electoral para calmar a los empresarios del agro? Lo cierto es que el republicano empieza a matizar su retórica, abriendo la puerta a un “círculo migratorio regulado” que contradice su narrativa de tolerancia cero.
“Sin migrantes no hay cosecha”, repiten los agricultores en California y Texas, donde el 80% de la fuerza laboral del campo es extranjera. Mientras tanto, miles de familias deportadas esperan que ese “permiso especial” no sea solo una promesa de campaña.