La reciente revelación del diario The New York Times sobre una orden secreta firmada por el presidente Donald Trump, que autoriza al Pentágono a ejecutar operaciones militares contra organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico en América Latina, ha generado un fuerte eco en Colombia. La medida, considerada la más amplia en la estrategia estadounidense contra el crimen organizado transnacional, contempla como objetivos a la Segunda Marquetalia, el ELN y del Tren de Aragua, entre otros grupos con presencia en el país.
En medio de la expectativa nacional, ciudadanos colombianos han comenzado a manifestar su respaldo a una intervención directa por parte de Estados Unidos, con la esperanza de que esta ofensiva contribuya a desmantelar estructuras criminales que por décadas han sembrado violencia y obstaculizado la paz territorial. El clamor popular se intensifica en regiones golpeadas por el conflicto, donde líderes comunitarios y víctimas del desplazamiento ven en esta acción una posible luz al final del túnel.
La orden, que otorga a las Fuerzas Armadas estadounidenses facultades para actuar sin autorización previa del Congreso, también incluye a los principales carteles mexicanos, la Mara Salvatrucha y el propio Tren de Aragua, con fuerte presencia en Venezuela. En paralelo, el Gobierno estadounidense elevó la recompensa por Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, acusándolo de liderar el cartel de los Soles, ahora catalogado como organización terrorista.
Aunque la decisión ha despertado debates sobre soberanía y geopolítica, en Colombia muchos interpretan esta ofensiva como una oportunidad histórica para frenar el narcotráfico y sus redes armadas. “Si esto ayuda a que nuestros hijos crezcan sin miedo, bienvenida sea la intervención”, expresó una madre desplazada en el sur de Córdoba. La paz, aún esquiva, parece estar más cerca si las acciones se traducen en resultados concretos y respetuosos de los derechos humanos.