Un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha encendido las alarmas sobre la situación política y de seguridad en Colombia. El documento, revelado el 23 de julio, advierte sobre el presunto consumo de drogas en “los niveles más altos del Gobierno” del presidente Gustavo Petro, sin mencionar nombres específicos. Esta acusación, que coincide con señalamientos previos del excanciller Álvaro Leyva, ha generado inquietud en Washington y podría afectar directamente la cooperación bilateral entre ambos países.
Como consecuencia de estas preocupaciones, el Congreso estadounidense propuso reducir en un 50% la asistencia económica no militar a Colombia para el año fiscal 2026. El monto asignado sería de 209 millones de dólares, frente a los 400 millones anuales que el país venía recibiendo en años anteriores. Los fondos estarán destinados principalmente a programas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y desarrollo, pero con restricciones más severas. El Comité también solicitó al Secretario de Estado que, en un plazo de 90 días, presente estrategias para reducir el consumo de drogas en Colombia.
El informe no solo pone en tela de juicio la gestión del Gobierno Petro, sino que también plantea interrogantes sobre el comportamiento de algunos congresistas y altos funcionarios. En un país donde el discurso oficial promueve la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la no criminalización del campesinado, las acusaciones de consumo en el poder político podrían socavar la credibilidad institucional. Hasta el momento, ni la Presidencia ni el Congreso colombiano han emitido un pronunciamiento oficial frente a estos señalamientos, mientras la oposición exige explicaciones y garantías de transparencia.