El presidente Donald Trump firmó una directiva secreta para que el Pentágono prepare opciones militares contra cárteles de droga en América Latina que fueron designados como organizaciones terroristas. Esta orden autoriza el uso de fuerza tanto en alta mar como en territorio extranjero. La medida supone una escalada sin precedentes en la guerra antidrogas, trasladando parte de la respuesta de las agencias de justicia al ámbito militar.
Entre los grupos señalados están el Cártel de los Soles presuntamente vinculado al presidente venezolano Nicolás Maduro, Tren de Aragua, y varios de los principales cárteles mexicanos. De hecho, el gobierno estadounidense anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro. Diversas agencias gubernamentales, incluyendo Defensa, Justicia, Seguridad Nacional, Tesoro y la Inteligencia Nacional están involucradas en esta iniciativa.
El anuncio provocó reacciones inmediatas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no permitirá acciones militares de EE. UU. en su territorio, reafirmando la soberanía nacional y rechazando cualquier tipo de intervención. En paralelo, analistas advierten que llevar estos operativos al terreno diplomático podría generar tensiones y abrir un debate legal complejo en torno a la intervención militar sin autorización del Congreso.