La comunidad del conjunto residencial Arboleda, en Montería, enfrenta una grave situación tras la suspensión del servicio de energía por parte de la empresa Afinia. Los residentes denuncian que están siendo obligados a asumir una deuda de más de tres mil millones de pesos, dejada por una constructora que nunca legalizó adecuadamente el suministro eléctrico. A pesar de los esfuerzos de la comunidad por regularizar su situación, Afinia se ha negado a ofrecer una solución justa y proporcional.
Según los voceros del conjunto, Afinia exige que cada hogar pague $4.630.000 y que los pequeños comerciantes del sector asuman montos cercanos a los $10.000.000 como condición para iniciar una negociación. Además, impone un pago adicional del 20% de la deuda total equivalente a $907.000 por usuario como requisito previo para cualquier acuerdo. “Nos están cobrando por un servicio que nunca fue legalizado ni medido. Es una injusticia total”, afirman los afectados.
La comunidad propuso una alternativa razonable: instalar medidores durante dos meses y pagar el promedio real de consumo, evitando así que se les imponga un cobro arbitrario basado en estimaciones anuales. Sin embargo, Afinia rechazó esta propuesta y procedió a suspender el servicio, dejando a decenas de familias sin energía en plena ola de calor.
Ante esta situación, los habitantes de La Arboleda decidieron retener los vehículos de la empresa como medida de presión, exigiendo una mesa de diálogo con garantías. “No nos negamos a pagar, pero exigimos un trato justo. No vamos a cargar con una deuda que no nos corresponde”, señalaron líderes comunitarios.
La comunidad hace un llamado urgente a las autoridades locales, a la Superintendencia de Servicios Públicos y a los medios de comunicación para que intervengan y eviten que esta situación escale. “No somos deudores, somos víctimas de una cadena de negligencias. Lo que pedimos es justicia y dignidad”.