En una decisión inesperada, el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció este lunes 25 de agosto su renuncia al beneficio de prescripción en el proceso penal que enfrenta por presunto soborno a testigos y fraude procesal. La acción penal, que estaba próxima a extinguirse en octubre por vencimiento de términos, fue descartada voluntariamente por el exmandatario, quien pidió al Tribunal Superior de Bogotá que falle de fondo sobre su apelación a la condena de 12 años de prisión impuesta el pasado 1 de agosto.
Uribe, líder natural del Centro Democrático, argumentó que su decisión obedece a principios éticos y a su compromiso con la verdad. “Servir a Colombia ha sido el máximo honor que he recibido en mi vida. La confianza depositada en mí me impone dar ejemplo y optar por el camino que, por más difícil o riesgoso, es correcto”, escribió en la carta dirigida a los magistrados. La defensa del expresidente, encabezada por el abogado Jaime Granados, busca que la Sala Penal revise el expediente completo, que incluye más de 70 audiencias, miles de folios y más de 2.000 páginas de alegatos.
El proceso judicial contra Uribe se originó en 2012, cuando denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la investigación dio un giro y terminó señalando al expresidente por intentar influir en exparamilitares para que cambiaran sus versiones. Tras su renuncia al Senado, el caso pasó a la justicia ordinaria, donde fue condenado en primera instancia por la Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá.
Con esta renuncia, Uribe busca evitar que el caso se archive por tecnicismos y exige un pronunciamiento judicial basado exclusivamente en las pruebas. Aunque la decisión podría implicar que se mantenga la condena, el exmandatario insiste en que su inocencia fue demostrada en juicio. El país ahora espera el fallo de segunda instancia, que podría marcar un precedente histórico en la relación entre justicia y poder político.