La Corte Suprema de Justicia destapó uno de los entramados más graves de corrupción legislativa en los últimos años: una presunta negociación criminal entre altos funcionarios del Gobierno y congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), con el objetivo de asegurar la aprobación de millonarios cupos de endeudamiento. Según el fallo de la Sala de Instrucción, desde septiembre de 2023 se habrían iniciado acercamientos informales, reuniones privadas y promesas remuneratorias que comprometen directamente a Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo.
Aunque el magistrado Misael Rodríguez solicitó la captura de los seis congresistas por riesgo procesal, la Corte decidió no autorizar la medida, permitiendo que los implicados enfrenten el proceso en libertad. La decisión se basó en la falta de justificación suficiente para privarlos de su libertad en esta etapa, aunque el expediente de más de 500 páginas incluye testimonios, chats, reuniones y documentos que evidencian el uso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como vehículo para direccionar contratos a cambio de votos favorables.
Uno de los episodios más reveladores ocurrió el 4 de octubre de 2023, cuando se habría realizado un desayuno con congresistas en el que se iniciaron las negociaciones. La exasesora María Alejandra Benavides, pieza clave en el esquema, reconoció en sus chats que operaba “en la sombra” y que replicaba estrategias usadas previamente por otros funcionarios. Su testimonio, avalado bajo principio de oportunidad, podría comprometer a más de 28 legisladores y exfuncionarios del gabinete Petro.
Este caso, que ya llevó a prisión a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, marca un punto de quiebre en la relación Ejecutivo–Legislativo. La Corte advierte que el “peligro para el bien jurídico de la administración pública” está acreditado, y que la investigación seguirá escalando. En medio de renuncias, defensas públicas y tensiones institucionales, el país observa cómo se desmorona el blindaje político que por años protegió a los operadores del Congreso.