La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones durante el gobierno de Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Según el ente acusador, Ortiz habría sido pieza clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al facilitar el traslado de $3.000 millones en efectivo que presuntamente terminarían en manos del entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez.
Los hechos ocurrieron entre el 12 y 13 de octubre de 2023, cuando Ortiz recibió dos maletas con dinero en un apartamento del centro de Bogotá. El efectivo, entregado por los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, fue transportado en vehículos oficiales hasta el norte de la ciudad. De acuerdo con las investigaciones, el soborno estaría vinculado al direccionamiento irregular de contratos millonarios, entre ellos la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua a La Guajira.
La acusación se da en el marco de una macroinvestigación que ha salpicado a varios funcionarios del gobierno Petro, incluyendo al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, señalado como presunto autor intelectual del esquema y actualmente prófugo en Nicaragua. Aunque Ortiz niega los cargos, la Fiscalía sostiene que tenía pleno conocimiento del origen ilícito de los recursos y del propósito de la entrega: asegurar favores políticos y contractuales desde el Congreso.
Este nuevo capítulo del caso UNGRD pone en aprietos al legado de transparencia del gobierno Petro, al revelar cómo desde su propio gabinete se habrían movido millonarios sobornos en plena luz del día. La audiencia preparatoria de juicio contra Ortiz está programada para el 19 de noviembre de 2025, y promete ser uno de los procesos más mediáticos del año.