Lo que inició como un fallo judicial histórico se ha convertido en un pulso político internacional. Las declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio, quien acusó a “jueces radicales” de haber instrumentalizado la justicia colombiana para condenar a Álvaro Uribe, provocaron una respuesta inmediata del presidente Gustavo Petro: “Una intromisión en asuntos judiciales de otro país es una intromisión a la soberanía nacional”, escribió en X. El mandatario subrayó que el mundo debe respetar a los jueces colombianos, “porque muchos han caído asesinados por ayudar al mundo”.
La ministra encargada de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, respaldó la postura desde Nueva York, calificando las declaraciones de Rubio como “una vulneración a la soberanía” y “un desconocimiento de la independencia judicial”. En paralelo, líderes del Centro Democrático celebraron el respaldo de Rubio como una “denuncia internacional” contra lo que consideran una persecución política, mientras sectores del Pacto Histórico defendieron el fallo como prueba de que “nadie está por encima de la ley”.
La condena a Uribe apelada por su defensa sigue generando tensiones dentro y fuera del país. El juicio, catalogado por medios como “el proceso del siglo”, ya no se discute solo en los estrados, sino en la arena diplomática. ¿Está Colombia enfrentando un intento de condicionar sus decisiones judiciales desde Washington?.