Tras el atentado contra el vehículo del representante a la Cámara Julio César Triana, la Unidad Nacional de Protección (UNP) encendió las alertas sobre la capacidad operativa para garantizar la seguridad de los aspirantes en el actual proceso electoral. En una reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección Electoral (CORMPE), el director de la entidad, Augusto Rodríguez, reconoció que la flota de vehículos blindados es insuficiente para atender la creciente demanda. “Todo el mundo está pidiendo vehículos blindados, pero no hay disponibles para cubrir a toda la demanda de personas que están en este momento en actividad”, afirmó.
Hasta la fecha, según Rodríguez, se ha logrado garantizar la protección de 47 precandidatos presidenciales, mientras que tres más están en proceso de asignación para completar el grupo de 50. Sin embargo, otros aspirantes, incluidos precandidatos al Congreso y candidatos a cargos regionales, continúan en lista de espera. La situación genera preocupación en medio de un contexto electoral marcado por amenazas, atentados y un aumento en las solicitudes de protección.
El atentado contra Triana, ocurrido en días recientes, se suma a una serie de hechos violentos que han puesto en evidencia las vulnerabilidades del sistema de seguridad electoral. Aunque el congresista salió ileso, el incidente reactivó el debate sobre la capacidad real del Estado para proteger a quienes participan en la contienda política, especialmente en zonas de alto riesgo.
La UNP anunció que en la próxima sesión del CORMPE presidencial se evaluarán nuevas solicitudes y se priorizarán casos críticos. Mientras tanto, el mensaje es claro: los recursos son limitados y no todos los aspirantes podrán contar con vehículos blindados. En este escenario, se hace urgente revisar los protocolos de protección, fortalecer las capacidades logísticas y garantizar que el ejercicio democrático no se vea amenazado por la falta de garantías mínimas de seguridad.