La justicia federal argentina avanza en una investigación sin precedentes contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su presunta responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008, conocidas como “falsos positivos”. La querella fue presentada en noviembre de 2023 por organizaciones colombianas de derechos humanos y familiares de víctimas, bajo el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar crímenes de lesa humanidad sin importar el país donde se cometieron.
En julio de 2024, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2 de Buenos Aires reconoció formalmente a los familiares como parte querellante, habilitándolos para aportar pruebas y testimonios. Las víctimas alegan que en Colombia no han encontrado verdad ni justicia, y señalan a Uribe como el principal responsable de una política sistemática que incentivó asesinatos de civiles para presentarlos como guerrilleros abatidos.
La causa entró en fase probatoria en julio de 2025, con la recepción de peritajes forenses, documentos sobre la cadena de mando militar y solicitudes de información a la Corte Penal Internacional. El proceso ha generado reacciones políticas: 28 expresidentes iberoamericanos, entre ellos Iván Duque, pidieron a la ONU y la OEA monitorear el caso, alegando una presunta persecución judicial. Sin embargo, las organizaciones querellantes califican estas declaraciones como intentos de desinformación y defienden la legitimidad del proceso.
Este caso marca un hito en la lucha contra la impunidad en América Latina, al abrir la posibilidad de que un exjefe de Estado sea juzgado por crímenes de lesa humanidad fuera de su país. La justicia argentina, reconocida por su trayectoria en procesos de memoria y derechos humanos, se convierte en escenario clave para esclarecer uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano.