En una decisión que sacude las entrañas del Congreso colombiano, la Corte Suprema llamó a juicio a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el expediente judicial, ambos habrían recibido millonarios sobornos 3.000 millones para Name y 1.000 millones para Calle a cambio de favorecer el trámite de reformas impulsadas por el Gobierno nacional durante su periodo legislativo 2023-2024.
La investigación, liderada por la Sala Especial de Instrucción, se fundamenta en pruebas técnicas y testimonios clave, entre ellos los de Sneyder Pinilla y Olmedo López, exfuncionarios de la UNGRD, quienes revelaron el presunto desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias. Parte de ese dinero habría sido entregado en maletas por la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, hoy también detenida, con el objetivo de financiar campañas políticas locales y regionales, según las denuncias.
El llamado a juicio, oficializado el 27 de agosto de 2025, se produce tras meses de investigación y la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario desde el pasado 7 de mayo. De confirmarse las acusaciones, los congresistas enfrentarían penas de prisión e inhabilidades para ejercer cargos públicos, en lo que podría convertirse en uno de los casos más emblemáticos de corrupción administrativa en Colombia.
Este proceso judicial no solo pone en entredicho la legitimidad del Congreso, sino que también reaviva el debate sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y la influencia indebida en la formulación de políticas. ¿Hasta qué punto se ha instrumentalizado el poder legislativo para fines ajenos al bien común? La respuesta, quizás, emerja en el juicio que ahora se avecina.