Luego de que la Corte Constitucional declarara ilegal la intervención estatal a EPS Sanitas, el Grupo Keralty emitió un comunicado explosivo en el que acusa al Gobierno Petro de haber desmantelado la entidad y puesto en riesgo la salud de 5,8 millones de colombianos. “Fue un ataque frontal contra los derechos fundamentales”, afirmó Joseba Grajales, presidente de Keralty, quien exigió reparación inmediata por lo que calificó como una “persecución institucional” que dejó a Sanitas endeudada, colapsada y con peores indicadores.
La intervención, ejecutada por la Superintendencia de Salud en septiembre de 2024, duró 17 meses y fue considerada por la Corte como arbitraria y sin garantías de debido proceso. Según Keralty, durante ese periodo se abandonaron pacientes, se desabastecieron medicamentos y se destruyó la red de atención.
La empresa asegura que el Gobierno usó la EPS como laboratorio político, disfrazando el deterioro del sistema de salud como “transformación” mientras se acumulaban tutelas y quejas por fallas en el servicio.
El futuro de los trabajadores de Sanitas y sus usuarios ahora depende de un proceso de reconstrucción que Keralty promete liderar con “compromiso y dignidad”. Sin embargo, advierten que el daño es profundo y que quienes ejecutaron o respaldaron la intervención deben rendir cuentas. La empresa exige al Gobierno cumplir el fallo, pagar las deudas pendientes y garantizar que nunca más se repita una intervención de este tipo.