El expresidente Álvaro Uribe Vélez ya figura oficialmente en los registros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) como el interno número 381770. La boleta de encarcelamiento fue remitida por el Juzgado Tercero Penal de Rionegro al establecimiento carcelario de Sonsón, Antioquia, en cumplimiento de la comisión 002 del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que lo condenó en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria.
La sentencia, de 1.114 páginas, lo responsabiliza como determinador de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en concurso homogéneo y heterogéneo. Según el fallo, Uribe habría coordinado, a través de terceros como su abogado Diego Cadena, una estrategia para manipular testimonios que lo vinculaban con el paramilitarismo. Aunque fue absuelto de soborno simple, la jueza Sandra Heredia consideró probada su participación indirecta en los hechos.
Uribe cumplirá la pena en su finca de Llanogrande, Rionegro, bajo estrictas condiciones: no podrá cambiar de residencia sin autorización judicial, deberá permitir inspecciones del INPEC y cada desplazamiento requerirá permiso. La medida no contempla brazalete electrónico ni restricciones en el uso de redes sociales, lo que le permitirá seguir activo en el debate político nacional.
Pese a la formalización de la detención, el proceso judicial sigue abierto. La defensa del exmandatario apeló la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá y anunció una eventual tutela ante la Corte Suprema. Mientras tanto, el país presencia un hecho sin precedentes: por primera vez, un expresidente colombiano enfrenta una condena penal con privación de libertad, aunque sea en modalidad domiciliaria.