A tres años de iniciado el mandato del presidente Gustavo Petro, el balance en materia de lucha contra la corrupción es preocupante. Así lo concluye el más reciente informe de Transparencia por Colombia, que advierte sobre la falta de una estrategia articulada, la escasa voluntad política y las decisiones incongruentes frente a escándalos que han sacudido al Ejecutivo. El caso más emblemático: el entramado de desvío de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que involucra a funcionarios cercanos al mandatario.
Según el informe, el presidente fue advertido desde diciembre de 2023 sobre irregularidades en el manejo de fondos y contratos en la UNGRD, sin que se tomaran medidas inmediatas. A esto se suma la fuga de altos funcionarios como Carlos Ramón González y César Manrique, nombrados directamente por Petro, quienes hoy enfrentan procesos judiciales y órdenes de captura internacional. “El presidente ha asumido parcialmente la responsabilidad, pero se ha quedado corto frente a la magnitud del caso”, señaló Andrés Hernández, director de la organización.
Otro episodio que ha generado críticas fue el otorgamiento de asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado en su país por lavado de activos. La decisión, gestionada directamente por el Gobierno colombiano, ha sido considerada por expertos como un retroceso en la lucha contra la corrupción y una afrenta al sistema judicial panameño. “La figura del asilo no puede usarse para proteger a personas sancionadas por delitos financieros”, advierte el informe.
Transparencia por Colombia insiste en que el Gobierno debe asumir un compromiso real, coherente y sostenido para enfrentar este flagelo. Más allá de pronunciamientos, se requiere una arquitectura institucional sólida, recursos estratégicos y acciones preventivas que eviten nuevos escándalos. La ciudadanía, por su parte, exige respuestas claras y justicia frente a los hechos que han marcado este tercer año de gestión.