La Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente la condena contra el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, acusado de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal en un caso que ha sacudido la política colombiana. Según el fiscal delegado Daniel Hernández, existen pruebas contundentes que vinculan a Cadena y a su socio Juan José Salazar Cruz con la oferta de beneficios jurídicos y pagos a exparamilitares para que alteraran sus declaraciones judiciales en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Los hechos investigados se remontan a 2017 y 2018, cuando Cadena visitó a varios exparamilitares en cárceles como La Picota y Palmira, entre ellos Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”. El objetivo era que estos testigos se retractaran de sus señalamientos contra Uribe a cambio de aparentes ventajas judiciales y pagos que, según la Fiscalía, sumaron hasta 48 millones de pesos, parte de una promesa inicial de 200 millones. La defensa de Cadena, sin embargo, ha negado irregularidades, alegando que solo escuchó a los testigos sin ofrecer contraprestaciones.
Durante el proceso judicial, que inició en octubre de 2023, se revelaron interceptaciones legales en las que Cadena admite haber hecho ofrecimientos a Monsalve para que cambiara su testimonio. Estas grabaciones, junto con otros elementos probatorios, fortalecen la acusación de la Fiscalía sobre la manipulación de testigos para favorecer al expresidente Uribe. La Corte Suprema de Justicia también ha señalado la manipulación de evidencia por parte de Cadena, lo que agrava su situación judicial.
De ser condenado, Diego Cadena y su socio podrían enfrentar penas superiores a siete años de prisión por estos delitos. Este caso no solo pone en entredicho la integridad de la defensa del expresidente Uribe, sino que también reaviva el debate sobre la influencia política y judicial en Colombia. La expectativa está puesta en la decisión final del juez, prevista para agosto, que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción y la manipulación judicial.