Una publicación judicial encendió las alarmas al mostrar a Empresas Públicas de Medellín (EPM) como parte demandante en una tutela interpuesta por el abogado Jaime Granados Peña, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La acción buscaba revertir la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá por fraude procesal y soborno a testigos.
Ante la controversia, EPM emitió un comunicado oficial aclarando que no hace parte de dicha acción judicial y que su inclusión en el sistema fue un error. La empresa solicitó formalmente al Tribunal Superior de Bogotá la rectificación del expediente, enfatizando que no ha destinado recursos públicos ni ha autorizado representación conjunta con el abogado Granados.
La confusión generó fuertes cuestionamientos ciudadanos sobre una posible desviación de fondos públicos. Sin embargo, EPM reiteró que no tiene relación alguna con la defensa del exmandatario y que su mención fue producto de una falla en la plataforma judicial. La solicitud de corrección fue firmada por Carlos Alejandro Duque, vicepresidente de Gobierno Corporativo de la compañía.
El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y la necesidad de una vigilancia rigurosa por parte de la Contraloría y la Procuraduría. Organizaciones sociales y líderes políticos exigen explicaciones públicas de la administración municipal de Medellín y garantías de que ninguna entidad estatal esté financiando defensas privadas en procesos penales de alto perfil.