Un nuevo informe publicado el 21 de agosto por la firma estadounidense Culper Research sacudió el panorama empresarial y político colombiano al vincular a la familia Char, al banco Serfinanza y a la empresa Tecnoglass con presuntas operaciones financieras relacionadas con el cartel mexicano de Sinaloa. El documento, de 35 páginas, señala que estas compañías habrían sido utilizadas como canales para movilizar recursos ilícitos, en una estructura que involucra también a los hermanos Daes, propietarios de Tecnoglass, y a directivos con nexos cruzados entre las tres entidades.
La investigación se basa en documentos filtrados por los llamados Guacamaya Leaks y en archivos de inteligencia mexicana, que mencionan reuniones en inmuebles privados, movimientos bancarios sospechosos y la supuesta participación de un ciudadano mexicano identificado como Abel Díaz Ruiz, presunto miembro del cartel, quien habría viajado a Barranquilla y Cartagena para coordinar rutas marítimas y operaciones financieras. Además, se cuestiona la independencia de la junta directiva de Tecnoglass, señalando que varios de sus miembros tienen vínculos previos con Serfinanza y la familia Char.
Este es el segundo informe en cuatro años que advierte sobre posibles nexos entre los clanes empresariales barranquilleros y organizaciones narcotraficantes. En 2021, Hindenburg Research ya había señalado a Tecnoglass por presuntas irregularidades y vínculos históricos con el cartel de Cali. En esta ocasión, el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente, cuestionando por qué la justicia colombiana no ha iniciado investigaciones formales frente a las acusaciones, que involucran a figuras con poder económico y político en la región Caribe.
Aunque Tecnoglass negó los señalamientos y defendió la legalidad de sus operaciones, el informe ha generado preocupación sobre la transparencia financiera de empresas con fuerte presencia en Estados Unidos y sobre el posible uso de estructuras empresariales para el lavado de activos. ¿Qué mecanismos existen para blindar el sistema financiero colombiano frente a redes criminales transnacionales? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad institucional cuando el poder económico se entrelaza con intereses oscuros? Las respuestas aún están en construcción.