La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia concluyó, tras una extensa investigación de 799 páginas, que existen pruebas que permitirían inferir la existencia de un presunto entramado criminal desde altos funcionarios del Gobierno para influir en las votaciones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en 2023. Según el documento, se habrían realizado negociaciones irregulares con congresistas como Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, con el objetivo de obtener conceptos favorables para cupos de endeudamiento solicitados por el Ejecutivo.
Entre los funcionarios mencionados en el expediente figuran el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el viceministro Diego Guevara; y María Alejandra Benavides, quien habría cumplido un rol clave en las gestiones informales. Chats obtenidos por la Corte revelan reuniones, desayunos y conversaciones en las que se discutían estrategias para “abrir la puerta” en el Ministerio y destrabar los votos necesarios. Uno de los encuentros señalados ocurrió el 4 de octubre de 2023, cuando se habría iniciado la negociación directa con los congresistas que venían dilatando el proceso.
La investigación también expone que las supuestas dádivas ofrecidas a cambio del voto favorable incluían proyectos gestionados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Estos beneficios habrían sido canalizados mediante cupos indicativos y partidas presupuestales direccionadas, según testimonios y pruebas documentales.
Aunque la Corte Suprema resolvió la situación jurídica de los sindicados, hasta el momento no se ha ordenado la captura de los congresistas implicados. El caso continúa en etapa de análisis judicial y ha generado reacciones en distintos sectores políticos, mientras se espera el pronunciamiento oficial del Gobierno frente a las acusaciones.