La Procuraduría General de la Nación le dio el golpe final al excanciller Álvaro Leyva Durán, al confirmar en segunda instancia su destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos. ¿La razón? Haber declarado desierta la licitación para fabricar y expedir pasaportes en Colombia, a pesar de que el único oferente cumplía con todos los requisitos legales. El fallo, firmado por el Procurador General, quedó en firme y no admite apelación.
Los hechos ocurrieron en 2023, cuando Leyva, entonces ministro de Relaciones Exteriores del gobierno Petro, tomó la polémica decisión de frenar el proceso licitatorio alegando falta de pluralidad de oferentes. Sin embargo, el Ministerio Público concluyó que esa movida no tenía sustento jurídico y que, por el contrario, violaba los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal.
La sanción se da en medio de un ambiente tenso, donde el manejo de los pasaportes ha sido blanco de críticas por demoras, sobrecostos y presuntas irregularidades. El único oferente, la firma Thomas Greg & Sons, había cumplido con todos los pliegos, pero Leyva optó por declarar la urgencia manifiesta, abriendo la puerta a contrataciones directas que hoy están bajo lupa. La Procuraduría calificó la falta como gravísima y dejó claro que no se puede jugar con los procesos públicos como si fueran una tienda de barrio.
Este fallo no solo marca el fin de la carrera pública de Leyva, sino que también pone en aprietos al discurso anticorrupción del gobierno Petro. ¿Fue una jugada política, un error técnico o una estrategia para favorecer intereses ocultos? Lo cierto es que el pasaporte de Leyva quedó sellado… pero no para viajar, sino para quedarse fuera del poder por una década.