A menos de diez meses para que Colombia elija nuevo presidente, el clima electoral comienza a agitarse entre balances, frustraciones y polarización. El gobierno de Gustavo Petro, que prometió una “transformación estructural”, llega a su cuarto año con reformas hundidas, alianzas rotas y una narrativa de cambio que no logra consolidarse. La fallida reforma a la salud, el desplome de su coalición legislativa y el manejo polémico de la Unidad de Gestión del Riesgo han debilitado su credibilidad institucional.
En materia social, la reducción de la pobreza monetaria ha sido presentada como logro, pero se ve opacada por cifras alarmantes en nutrición infantil, más de 900 muertes en su mandato y decisiones judiciales que han tumbado intervenciones clave como la de Sanitas. La “paz total”, eje de su propuesta de seguridad, perdió fuerza tras la suspensión de ceses al fuego con grupos como el Clan del Golfo, mientras hechos como el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ponen en evidencia el deterioro de la seguridad política.
En el plano internacional, el gobierno ha recibido críticas por su postura frente a países como Irán y Venezuela, y por tensiones crecientes con Estados Unidos, donde ya se debate un proyecto legislativo para recortar la ayuda no militar a Colombia. Internamente, los escándalos, las divisiones dentro del Pacto Histórico y las dudas sobre la reelección han convertido el último año de Petro en una antesala incómoda para la carrera presidencial.
En este escenario, la pregunta sobre si Petro tendría apoyo ciudadano en 2026 aún con la reelección prohibida constitucionalmente sirve como termómetro político de un país que parece debatirse entre la continuidad del modelo progresista y la búsqueda de nuevas alternativas. ¿Resistirá su proyecto cuatro años más en el imaginario político de los colombianos?