Este lunes 28 de julio, Colombia presencia una audiencia histórica: el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez llega a su desenlace. La jueza Sandra Liliana Heredia, del Circuito de Bogotá, emite el fallo que definirá si Uribe es culpable o inocente de los delitos de soborno a testigos, fraude procesal y manipulación en actuación penal. El proceso, que inició formalmente en febrero y ha tenido más de 60 audiencias, podría convertirlo en el primer exmandatario colombiano condenado por la justicia penal.
En la antesala del veredicto, Uribe reapareció en redes sociales para denunciar una supuesta “persecución política” y acusar al presidente Gustavo Petro de ejercer presión indebida sobre la justicia. “El presidente ha negado referirse al juicio, pero se le conocen más de doce declaraciones públicas sobre el caso”, afirmó Uribe, quien también cuestionó la imparcialidad de los magistrados que lo investigaron y recordó su detención domiciliaria en 2020.
Petro, por su parte, respondió que nunca ha intervenido en el proceso judicial y que las presiones provienen del entorno uribista. “Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Uribe. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y a la justicia”, escribió en su cuenta de X. La confrontación entre ambos líderes, que representan polos opuestos del espectro político, ha intensificado el debate público sobre la independencia judicial y el uso político de los estrados.
El fallo de hoy no solo marcará el destino jurídico de Uribe, sino también el rumbo político del país. Si es hallado culpable, podría enfrentar hasta 12 años de prisión, aunque por su edad y tipo de delitos, la condena podría cumplirse fuera de la cárcel. Sea cual sea el resultado, el juicio deja al descubierto las fracturas institucionales, las tensiones entre poderes y el impacto de la justicia en la narrativa electoral de cara a 2026.