En medio de la tormenta política desatada por el decreto del presidente Petro para convocar a una consulta popular, la Registraduría Nacional decidió no mover ni un dedo… por ahora. El registrador Hernán Penagos anunció que no avanzará en el proceso mientras no haya claridad jurídica sobre la legalidad del decreto, dejando la papa caliente en manos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Penagos aseguró que el estudio que hicieron fue juicioso y autónomo, y que es evidente la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras tanto, la consulta está congelada a la espera del pronunciamiento de las altas cortes, ante las múltiples demandas de inconstitucionalidad que ya cursan: 11 ante la Corte, 97 tutelas, 34 acciones de nulidad… ¡y contando!
El registrador también anunció cuatro movidas estratégicas para poner el balón en la cancha jurídica: pedirá concepto al Consejo de Estado, enviará copias a la Procuraduría y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y solicitará a las cortes que se pronuncien cuanto antes. Todo, para no quedar atrapado entre las brasas de un fuego cruzado institucional.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó a Penagos de desobedecer un decreto y lo tildó de “simple operador logístico”. Pero el registrador, lejos de amilanarse, le recordó que la Registraduría es autoridad electoral, no mandadera de Palacio, y que en democracia, la logística también tiene límites constitucionales.