Con la Resolución 9509 del 5 de agosto de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio luz verde a un comité ciudadano que busca derogar el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC. El comité, bautizado como “Referendo derogatorio del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y de la Paz Total”, está liderado por el abogado Julián Alberto Rocha Aristizábal, quien fue parte activa de la campaña del No en el plebiscito de 2016.
Esta iniciativa arrancó oficialmente el 29 de julio de 2025, cuando se radicó la solicitud ante la Registraduría. Desde entonces, el comité tiene vía libre para recolectar al menos 2.056.780 firmas válidas, equivalentes al 5% del censo electoral, como primer paso para convocar el referendo. Si logran ese umbral, deberán movilizar a más de 10 millones de votantes para que el referendo tenga validez legal. Rocha, quien se define como defensor de la soberanía popular, afirma que esta es una cruzada para “corregir el rumbo” y desmontar lo que considera un acuerdo fallido y lleno de impunidad.
El comité sostiene que el acuerdo de La Habana fue impuesto a pesar de que el pueblo votó mayoritariamente por el No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Según Rocha, el pacto otorgó curules sin condenas, privilegios judiciales y beneficios políticos a excombatientes, mientras las víctimas siguen esperando justicia. El referendo busca revocar ese marco legal y abrir la puerta a una nueva política de paz “con dignidad, verdad y justicia”, según sus promotores.
La recolección de firmas será el termómetro de esta nueva batalla política. Si el comité logra encender la chispa ciudadana, Colombia podría volver a las urnas para decidir si mantiene o tumba el acuerdo que ha sido símbolo de reconciliación para unos y de traición para otros. La polarización revive, y el Caribe, que votó mayoritariamente por el Sí en 2016, podría ser clave en esta nueva contienda.