Una nueva tormenta política sacude al gobierno Petro tras la sorpresiva orden de abrir la licitación del Canal 1, emitida este viernes 15 de agosto durante un consejo de ministros televisado. El presidente le exigió al ministro de las TIC, Julián Molina, iniciar el proceso, pese a que la concesión vigente con Plural Comunicaciones SAS está legalmente asegurada hasta mayo de 2037. Según Petro, su intención es entregar el canal a “las juventudes, el arte y la cultura”, y no a “potentados económicos” ni al gobierno.
La decisión ha sido calificada como un intento de “expropiación” por Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1, quien denunció públicamente que no existe sustento jurídico para revocar el contrato. “Desconocemos las intenciones políticas detrás del matoneo sistemático contra un medio libre y plural que defiende la democracia y la libertad de prensa”, afirmó. La concesión fue adjudicada en 2016 por 117 mil millones de pesos y el canal cuenta hoy con más de 13 millones de televidentes y 15 millones de seguidores en redes.
El Ministerio de las TIC argumenta que hay “presuntas irregularidades” en la composición accionaria de Plural Comunicaciones, que no habrían sido reportadas oportunamente. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades ya aclaró que los cambios no implican subordinación ni incumplimiento contractual. Expertos advierten que abrir una licitación anticipada podría violar la estabilidad jurídica y sentar un precedente peligroso para la libertad de prensa.
En redes sociales, políticos y ciudadanos comparan la medida con prácticas autoritarias en Venezuela, donde el cierre de medios críticos se convirtió en política de Estado. ¿Está Petro construyendo su propio aparato de propaganda? ¿Se avecina una batalla legal por el control de la televisión abierta? El país observa con preocupación lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos mediáticos del actual gobierno.