En una sorpresiva jugada política, la Cámara de Representantes aprobó este sábado la polémica reforma pensional del gobierno Petro, adoptando sin modificaciones el texto previamente avalado por el Senado. La decisión se dio en sesiones extraordinarias y fue respaldada por el Pacto Histórico y sectores del Partido Liberal, Conservador, Verde, Comunes y la U, despertando celebraciones por parte del presidente, quien declaró: “He cumplido, y la Cámara ha cumplido”.
Sin embargo, el trámite legislativo ha desatado un nuevo vendaval. Bancadas opositoras, como el Centro Democrático y Cambio Radical, denunciaron irregularidades en la convocatoria, afirmando que la sesión fue ilegalmente citada con escasas horas de anticipación, sin la debida notificación ni cuórum decisorio para aprobar el orden del día. Desde la oposición se habla de un “golpe a la institucionalidad” y exigen que la Corte Constitucional detenga el proyecto.
De ser avalada por el alto tribunal, la reforma significará un cambio estructural al sistema de pensiones colombiano. Se eliminará la competencia entre fondos privados y Colpensiones para consolidar un sistema de tres pilares: solidario, semicontributivo y contributivo. Este nuevo esquema permitirá incluir a más de tres millones de personas que nunca lograron jubilarse y ahora recibirán 223.000 pesos mensuales.
La controversia también gira en torno al manejo de los fondos: no será Colpensiones el encargado de administrarlos, sino una junta con funcionarios del Gobierno y técnicos del Banco de la República. Mientras el Ejecutivo insiste en que la reforma garantiza una “vejez digna”, sus críticos la tildan de “improvisada” y “manoseada”. El último capítulo lo escribirá la Corte. ¿Cambio histórico o reforma exprés con trampa? Las redes arden.