El presidente Gustavo Petro sorprendió al desviar el foco de la reforma a la salud para lanzar duras críticas al sistema tributario colombiano y a los grandes conglomerados empresariales. En medio de su intervención, mencionó directamente a la Organización Ardila Lülle, propietaria de Postobón y RCN, y expresó: “Yo le compro RCN”, en referencia a una conversación sobre la posible venta de activos del grupo. La frase encendió el debate sobre el rol de los medios en la democracia y el poder económico en Colombia.
Petro denunció lo que calificó como una “injusticia tributaria”, señalando que los trabajadores pagan más impuestos que los grandes empresarios. “La secretaria del más rico de Colombia paga más impuestos que él”, afirmó, cuestionando los privilegios fiscales que, según él, perpetúan la desigualdad. Además, criticó que productos de consumo como la cerveza pagan IVA, mientras que operaciones multimillonarias como la compra de Postobón no lo hacen.
El impacto de estas declaraciones no se limitó al plano económico. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, respondió con preocupación por la seguridad de los mandatarios regionales, luego de que Petro afirmara que “sus gobernadores nos odian” en referencia a zonas como Villavicencio y el Tolima. Cortés advirtió que ese tipo de lenguaje, pronunciado en televisión nacional, “puede poner en riesgo mi vida y la de otros líderes regionales”, y pidió al presidente moderar sus palabras para evitar divisiones y estigmatizaciones.
Estas tensiones revelan una fractura entre el Ejecutivo y las regiones, y plantean interrogantes sobre el futuro de la articulación institucional. Mientras Petro insiste en reformar el modelo económico y mediático del país, voces como la de Cortés llaman a la unidad y al respeto mutuo. Para el pueblo colombiano, el debate no solo toca el bolsillo, sino también la libertad de prensa, la seguridad de sus líderes y la forma en que se construye el relato nacional.