El Gobierno Nacional, en el marco de su estrategia de “Paz Total”, presentará este 20 de julio ante el Congreso una reforma a la Ley de Justicia y Paz que busca ampliar beneficios jurídicos a miembros de grupos armados ilegales. El proyecto, liderado por el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, contempla penas reducidas de entre 5 y 8 años, suspensión de extradiciones por delitos cometidos antes del 31 de diciembre de 2025, y libertad condicional para quienes cumplan con requisitos como entrega de armas, liberación de menores reclutados y participación en proyectos sociales.
Entre los posibles beneficiarios se encuentran cabecillas como alias ‘Chiquito Malo’, jefe del Clan del Golfo, y líderes de estructuras como ‘Los Shottas’, ‘Los Mexicanos’ y disidencias de las FARC. La propuesta también incluiría a reincidentes que participaron en acuerdos anteriores y volvieron a delinquir, así como a terceros civiles y agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz sería la encargada de evaluar las solicitudes y certificar el cumplimiento de los requisitos.
El borrador del proyecto establece que los condenados que no sean considerados máximos responsables o reincidentes podrían pagar penas de solo 2 a 5 años, mientras que los líderes criminales tendrían penas de hasta 8 años. Además, se contempla la suspensión de extradiciones y la entrega de bienes ilegales como parte del proceso de reparación, destinando el 65% al Fondo para las Víctimas, el 20% a proyectos estatales y el 15% a programas de resocialización.
La iniciativa ha generado una fuerte controversia en sectores políticos y judiciales. Críticos advierten que la reforma aplicaría beneficios de forma generalizada, sin revisar caso por caso, lo que podría permitir la excarcelación de responsables de delitos graves. El senador Ariel Ávila calificó el proyecto como “inviable en un Congreso dividido y en año electoral” y Estados Unidos ya expresó preocupación por la suspensión de extradiciones para narcotraficantes. El Gobierno anunció que reevaluará la propuesta este viernes, en medio de crecientes cuestionamientos.