Durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, el presidente Gustavo Petro lanzó una frase que encendió la agenda económica: “Subí el salario mínimo como ninguno, aún me queda un año, voy a aprovechar”. Con ese anuncio, dejó claro que el ajuste para 2026 será nuevamente superior a la inflación, tal como ha ocurrido en los últimos tres años de su mandato. La expectativa crece entre millones de trabajadores, mientras los gremios empresariales y el Banco de la República advierten sobre los riesgos de un aumento desproporcionado.
Para 2025, el salario mínimo fue fijado por decreto en $1.423.500, con un incremento del 9,54%, muy por encima de la inflación del año anterior (5,20%). Las proyecciones actuales sugieren que la inflación de 2025 cerraría en 4,5% y la productividad en 2,6%, lo que técnicamente justificaría un ajuste cercano al 7%. Sin embargo, si Petro repite la fórmula del año anterior, el salario mínimo podría subir hasta $1.559.301, sin contar el auxilio de transporte.
El mandatario insiste en que su prioridad es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, pero el Banco de la República ha advertido que aumentos excesivos podrían frenar la reducción de tasas de interés y generar presiones fiscales. Mientras tanto, los sindicatos celebran la postura presidencial, y los empresarios piden mesura para evitar que el alza se convierta en una carga insostenible para el empleo formal.
Con este último ajuste, Petro busca cerrar su mandato con un golpe de efecto económico y social. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿es esta una conquista para la clase trabajadora o una jugada política que podría desestabilizar el mercado laboral? El debate está servido, y el bolsillo de los colombianos será el campo de batalla.