El presidente Gustavo Petro no esperó más y firmó el decreto que convoca a la consulta popular, con la que busca que los colombianos decidan sobre temas clave de salud y reforma laboral. En un movimiento que ha sacudido el panorama político, el mandatario dejó claro que solo derogará la medida si el Congreso aprueba los puntos que su Gobierno considera esenciales.
La jugada de Petro ha desatado una tormenta de reacciones. Mientras sus seguidores celebran la consulta como un acto de soberanía popular, la oposición denuncia que el presidente está forzando las urnas para presionar al Legislativo. La firma del decreto llega justo cuando el Senado debate la reforma laboral, lo que ha sido interpretado como un desafío directo al Congreso.
El documento ya fue enviado a la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre su legalidad. Si el alto tribunal lo tumba, sería un golpe para la estrategia de Petro; si lo avala, el país podría estar encaminado a una consulta el próximo 7 de agosto, justo cuando el mandatario inicia su último año de gobierno.
La incertidumbre crece, y el país está dividido entre quienes ven en la consulta una oportunidad de cambio y quienes la consideran una maniobra desesperada. Lo cierto es que Petro ha puesto todas sus fichas sobre la mesa, y ahora el balón está en la cancha de la Corte Constitucional.