Un intenso debate sacude al país tras la radicación de los proyectos de ley 057 y 058 por parte del senador Alberto Benavides, del Pacto Histórico. Las iniciativas buscan, por un lado, establecer un régimen de inspección y vigilancia sobre las entidades religiosas, y por otro, modificar el artículo 5 de la Ley 133 de 1994 para reconocer legalmente prácticas espirituales ancestrales como la santería, la brujería y fenómenos parapsicológicos. El objetivo, según el senador, es garantizar la libertad de culto sin discriminación, especialmente para comunidades indígenas, afrocolombianas y raizales que han sido históricamente excluidas.
La propuesta ha encendido las alarmas en sectores religiosos del Urabá antioqueño, donde líderes cristianos consideran que legitimar estas prácticas podría abrir la puerta a rituales que, según ellos, promueven el daño, el miedo y la superstición. El Comité Intersectorial de Libertad Religiosa del Distrito de Turbo envió una carta el 8 de agosto solicitando el retiro inmediato de ambos proyectos, argumentando que se pone en riesgo la salud espiritual y moral de las comunidades. El pastor Faber Róvira Rivas advirtió que “esto daría pie a que se reconozca legalmente a alguien que practique brujería, incluso si sus rituales buscan afectar a otros”.
Mientras tanto, el proyecto 057 propone que el Ministerio del Interior tenga facultades para inspeccionar y sancionar a entidades religiosas, incluyendo revisión de cuentas y beneficios tributarios. Para algunos, esto representa un avance hacia la transparencia; para otros, una amenaza directa a la autonomía de las iglesias. Los defensores de las iniciativas insisten en que no se busca promover el satanismo ni prácticas violentas, sino proteger la diversidad espiritual bajo el marco constitucional.