El Gobierno nacional abrió la puerta a una nueva discusión tributaria que podría encender más que bombillas: un borrador de decreto propone aumentar en un 20% el costo de la energía eléctrica para usuarios industriales, comerciales y residenciales de estratos 5 y 6. La medida, que busca recaudar $1,2 billones, se ampara en los parágrafos 2° y 3° del artículo 211 del Estatuto Tributario, adicionados por la Ley 1430 de 2010. Aunque el documento aún está en fase de observaciones, ya genera inquietud en sectores productivos y comunidades que históricamente han cargado con las consecuencias de un sistema eléctrico desigual.
El Ministerio de Hacienda argumenta que esta redistribución busca compensar los subsidios otorgados a los estratos bajos y garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico. Sin embargo, expertos advierten que sectores como la industria manufacturera podrían enfrentar aumentos de hasta 0,31% en sus costos totales, lo que podría traducirse en alzas de precios para el consumidor final.
En ciudades como Montería, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, donde el calor obliga a un consumo energético elevado y las tarifas ya son motivo de protesta, el anuncio ha sido recibido con preocupación. “Aquí no se trata solo de estratos altos. En la Costa, muchas familias de clase media viven en estrato 5 por ubicación, no por ingresos. Esta medida puede ser injusta si no se revisa con enfoque territorial”, señala un líder comunitario de Sincelejo.
Además, la región Caribe ha sido históricamente afectada por la mala gestión de operadores eléctricos, cortes frecuentes y una infraestructura obsoleta. La pregunta que ronda es: ¿cómo se garantiza que este nuevo recaudo se traduzca en mejoras reales?.
El decreto contempla requisitos específicos para que algunos usuarios industriales puedan solicitar la exención de la sobretasa. Sin embargo, el borrador excluye sectores como agricultura, ganadería y construcción, que también enfrentan altos costos operativos. El documento está disponible para comentarios públicos, y diversos gremios ya preparan observaciones. La DIAN y el Ministerio de Hacienda deberán definir con precisión qué actividades económicas califican como “industriales” y cómo se aplicará el control tributario.