En un país donde los cachos se han convertido en chisme nacional y la violencia intrafamiliar ha afectado miles de hogares, el Congreso colombiano acaba de lanzar una bomba legislativa: el proyecto de Ley 212 de 2025, conocido como “Ley Cero Cacho, Cero Violencia”. Esta iniciativa, impulsada por la senadora Karina Espinosa Oliver y respaldada por varios congresistas, propone modificar las leyes educativas y de convivencia escolar para enseñar desde temprana edad qué es una relación sana y cómo prevenir los conflictos que suelen terminar en agresiones físicas, psicológicas o económicas.
Pero el verdadero revuelo lo ha causado el enfoque en la infidelidad. Por primera vez, el Estado colombiano plantea que los cachos no son solo un asunto privado, sino un detonante legítimo de violencia intrafamiliar. Si una traición sentimental deriva en maltrato, podrá ser denunciada y sancionada con cárcel de hasta ocho años, medidas de protección, y hasta indemnizaciones para las víctimas. El proyecto también contempla atención psicosocial para los hijos afectados, reconociendo el impacto emocional que estas rupturas generan en el núcleo familiar.
La ley, radicada en agosto de 2025, busca prevenir desde la raíz los factores que alimentan la violencia: celos, desconfianza, intolerancia, consumo de sustancias, abandono económico y, por supuesto, la infidelidad. En un país donde el “cacho” ha sido normalizado, esta propuesta pretende cambiar el chip cultural y enviar un mensaje claro: el amor tóxico no se tolera más. Las entidades como el ICBF, la Fiscalía y las Comisarías de Familia serán las encargadas de hacer cumplir esta nueva visión de justicia íntima.