El Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior Armando Benedetti, confirmó que no respalda el proyecto de ley 057 de 2025 que proponía establecer un régimen especial de inspección, vigilancia y control sobre las iglesias y confesiones religiosas en Colombia. La iniciativa, impulsada por el senador Alberto Benavides del Pacto Histórico, generó una fuerte polémica por su presunto impacto en el derecho fundamental a la libertad de culto, consagrado en el artículo 19 de la Constitución.
Durante una reunión con más de 30 líderes interreligiosos, Benedetti fue enfático: “La fe no es una concesión estatal, es un derecho fundamental. No se cobrará por orar ni se pondrán trabas técnicas a quienes quieran bendecir, reunir o consolar”. El ministro también aclaró que el proyecto no fue elaborado por el Ejecutivo y que, ante la falta de respaldo institucional, podría ser retirado en las próximas horas.
La senadora Lorena Ríos, vocera del sector religioso, celebró la postura del Gobierno y advirtió que la propuesta legislativa podría vulnerar principios constitucionales y afectar el ejercicio libre de las prácticas espirituales. Por su parte, el senador Benavides defendió el proyecto como un mecanismo para garantizar el buen uso de los recursos institucionales de las iglesias, negando que se pretendan imponer impuestos o limitar beneficios tributarios.
Aunque el proyecto sigue en discusión en el Congreso, el Ejecutivo ha marcado distancia y no lo incluirá dentro de sus prioridades legislativas. En un contexto de déficit fiscal y reforma tributaria, el debate sobre el papel de las iglesias en el sistema económico y jurídico colombiano continúa abierto, pero con una clara línea roja: la libertad religiosa no será negociable.