El presidente Gustavo Petro aseguró públicamente que, como jefe de Estado, tiene el deber constitucional de proteger al expresidente Álvaro Uribe Vélez, su familia y sus bienes, luego del fallo judicial que lo declaró culpable por manipulación de testigos y fraude procesal. “Me corresponde proteger a Álvaro Uribe Vélez y a su familia y bienes como presidente, y lo haré”, escribió Petro en su cuenta de X, generando reacciones encontradas en todos los sectores.
El mandatario no solo se refirió a la seguridad del exmandatario, sino que insistió en la necesidad de que Colombia conozca la verdad completa sobre el conflicto armado, incluyendo los vínculos entre el Estado y grupos paramilitares. En ese contexto, propuso que Uribe se someta voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado en el marco del Acuerdo de Paz con las FARC. “A la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia”, afirmó Petro.
El presidente también recordó que el Bloque Metro, grupo paramilitar que operó en Antioquia, surgió en la hacienda Guacharacas y fue exterminado por otras facciones al negarse a participar en el narcotráfico. Según Petro, este episodio es clave para entender la “gobernanza paramilitar” que, a su juicio, ha marcado la historia reciente del país.
La propuesta de Petro de que Uribe acuda a la JEP ha sido interpretada por algunos como un gesto de reconciliación, mientras otros lo ven como una jugada política para presionar al uribismo a reconocer responsabilidades históricas. En cualquier caso, el mensaje presidencial abre un nuevo capítulo en la relación entre dos de los líderes más antagónicos de la política colombiana.