A casi nueve años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC, el país enfrenta una herida que no cicatriza: 2.144 personas han desaparecido desde diciembre de 2016, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La mayoría son civiles, incluidos 201 menores de edad. La promesa de paz se convirtió en una pesadilla silenciosa para cientos de familias que aún esperan respuestas, mientras el Estado no ofrece mecanismos de búsqueda para los casos ocurridos después del acuerdo.
El CICR reveló que solo 764 de estos casos han tenido algún tipo de resolución: 574 personas fueron encontradas con vida y 190 fallecieron, pero sus cuerpos fueron recuperados e identificados de forma digna. Sin embargo, 1.380 casos siguen abiertos, sin rastro, sin justicia y sin un sistema estatal que los ampare. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) tiene un mandato limitado: solo cubre desapariciones ocurridas antes de la firma del acuerdo, dejando a las víctimas recientes en el limbo.
La Cruz Roja ha hecho un llamado urgente al Estado colombiano para que garantice una alternativa humanitaria que permita a las familias saber qué ocurrió con sus seres queridos. “No saber qué pasó con un ser querido es una herida abierta. Esa incertidumbre prolongada es un dolor que no termina”, afirmó Cleber Kemper, coordinador adjunto de Protección del CICR. Además, alertó sobre el rezago en la identificación de cuerpos, muchos de los cuales permanecen bajo custodia de Medicina Legal sin ser reconocidos.
¿De qué sirvió firmar la paz si el país sigue desapareciendo a sus ciudadanos? ¿Quién responde por los que no están? El silencio institucional frente a estas cifras no solo es negligente, es una traición a la memoria de quienes confiaron en el proceso. La paz no se firma en papel: se construye con verdad, justicia y humanidad.