Desde 2016, la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco ha sido una voz crítica frente a figuras como Donald Trump y Marco Rubio, especialmente por sus posturas frente a América Latina. En su cuenta de X (antes Twitter), ha compartido reflexiones, columnas y comentarios que incomodan a sectores conservadores, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas semanas, el debate escaló: el empresario Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, pidió públicamente al gobierno de Trump que le retire la visa a Margarita Rosa.
La solicitud, dirigida al secretario de Estado Marco Rubio, se dio en medio de una crisis diplomática entre Colombia y EE. UU., y fue respaldada por algunos sectores del uribismo. “Defiende el socialismo de Petro desde la comodidad de su residencia en EE. UU.”, escribió Lafaurie en X. La respuesta de Margarita Rosa no tardó: “Vivo cómodamente en cualquier lugar, porque vivo cómodamente conmigo misma”, publicó en francés, reafirmando su postura sin confrontar directamente.
A pesar de la presión mediática, no existe fundamento legal para su deportación. Margarita Rosa ha aclarado que sus documentos están en regla, no tiene antecedentes penales y paga impuestos en EE. UU.. La campaña en redes, aunque ruidosa, se basa en diferencias ideológicas más que en argumentos migratorios. “Los motivos para deportarme tendrían que ser exclusivamente ideológicos”, afirmó en su canal de YouTube.
Este episodio revela cómo la polarización política ha cruzado fronteras, convirtiendo la opinión pública en terreno de disputa migratoria. Margarita Rosa, galardonada recientemente con el Premio Víctor Nieto a Toda Una Vida, sigue firme en su activismo, mientras sus detractores insisten en que no debería opinar desde el exterior. En tiempos donde la ideología se convierte en motivo de censura, su caso plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión cuando se vive fuera del país que se defiende?